Corte IDH y el Perú: un conflicto creciente entre soberanía e independencia judicial
En una ceremonia cargada de tensión política, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello, expresaron posiciones diametralmente opuestas sobre el futuro del Perú dentro del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Mientras Boluarte criticó duramente al organismo internacional por supuesta interferencia en asuntos nacionales, Tello advirtió sobre las consecuencias de abandonar un sistema que, históricamente, ha permitido acceso a justicia cuando los caminos internos se cierran. Este conflicto no es meramente político; está en juego la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos en el Perú.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) surge como un órgano adicional al sistema interamericano, establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADHD), ratificada por el Perú en 1978. Este organismo no es supraestatal, sino que actúa en base a tratados internacionales consensuados entre los Estados miembros. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la CADHD y resolver conflictos entre Estados y particulares derivados de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, en el Perú, la presencia de la Corte IDH ha generado cierta controversia, especialmente en contextos donde se han interpuesto demandas contra el Estado por hechos como la desaparición forzada de personas durante la guerra interna. En 2023, esta tensión escaló luego de que la Corte ordenara al Estado peruano suspender la aplicación de una norma legal que permitía la impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
La postura de Boluarte frente a la Corte IDH refleja un enfoque nacionalista que prioriza la “soberanía” del Estado por sobre las obligaciones internacionales. En su discurso, la presidenta describió al organismo como una entidad que “amenaza nuestra autonomía” y que actúa “como si el Perú fuera aún una colonia”. Su argumento se basa en la historia del Perú: desde 1945, cuando participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, el país ha sido un firme defensor del sistema internacional y ha utilizado la Corte IDH para garantizar derechos humanos. Tello advirtió que abandonar este sistema no solo lesionaría los derechos de las víctimas, sino que también underminiría la independencia judicial.
Más allá de los discursos políticos, la cuestión de la pertenencia al Corte IDH afecta directamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Para ellos, la Corte no es un intrusismo extranjero, sino una instancia que les permite acceder a justicia cuando las instituciones nacionales fallan o se niegan a actuar. Abandonar el sistema podría significar una puerta menos para denunciar abusos y buscar reparación.
Además, la independencia judicial es clave para garantizar que los jueces no se vean influenciados por presiones políticas. Tanto Boluarte como Tello han mencionado su compromiso con esta independencia, pero sus posiciones contrastan en cómo creen debe lograrse: mientras Boluarte parece dispuesta a sacrificar la justicia internacional por una idea de “soberanía”, Tello defiende que la adhesión a los sistemas internacionales fortalece, no debilita, la judicial.
El Perú ha firmado y ratificado tratados internacionales que lo atan al sistema de la Corte IDH. Abandonar este sistema requeriría una serie de pasos legales y políticos, incluyendo la denuncia formal de la Convención Americana. Sin embargo, solo dos países han hecho esto en las últimas décadas: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en 2012.
Si bien el retiro del Perú de la Corte IDH es un escenario posible, no está exento de complicaciones. Por ejemplo:
- Impacto internacional: Un retiro unilateral podría perjudicar las relaciones diplomáticas con otros Estados y organismos internacionales.
- Repercusión en la justicia: Las víctimas de violaciones a los derechos humanos perderían un recurso vital para寻求 justicia.
- Presión política: La independencia judicial se vería amenazada si el Ejecutivo impone su voluntad sobre las instituciones.
El conflicto entre Boluarte y Tello no es exclusivo del Perú. Es un reflejo de un debate global: ¿hasta qué punto deben los Estados acatar las decisiones de organismos internacionales? Y, más importante, ¿qué prioridad otorgar a la soberanía versus los derechos humanos?
En un mundo cada vez más interconectado, el respeto a los derechos humanos no es una opción, sino una obligación. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos dentro de sus fronteras, y los sistemas internacionales como la Corte IDH actúan como mecanismos de última instancia para quienes buscan justicia.
El conflicto entre el Perú y la Corte IDH no es un problema abstracto. Está en juego la capacidad del sistema judicial peruano de actuar con independencia, así como el acceso a justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Mientras Boluarte enfatiza la “soberanía”, Tello defiende que la adhesión al sistema internacional fortalece la justicia y la independencia judicial.
Para los ciudadanos, lo esencial es comprender que este debate no solo político: está determinando el futuro de su acceso a la justicia y la preservación de valores democráticos fundamentales. Sea cual sea la decisión que se adopte, será crucial para el mantenimiento del respeto a los derechos humanos y la independencia judicial en el Perú.