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Congreso bajo el Foco: Retrasos en Sanciones y el Debate por la Contratación de Betssy Chávez, 8 de setiembre de 2025
El Congreso acumula casi tres años de retraso en sancionar la infracción constitucional del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. En paralelo, la propuesta de contratar a la suspendida congresista Betssy Chávez como asesora de un despacho genera un intenso debate legal y político sobre la idoneidad y el uso de fondos públicos.
Lo nuevo, en breve
- 1005 días sin sanción: Han transcurrido más de dos años y nueve meses desde el 7 de diciembre de 2022 sin que el Congreso imponga una inhabilitación política por la infracción constitucional del intento de golpe de Estado.
- Admisión de denuncias: Recién en mayo pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite las denuncias constitucionales presentadas contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros.
- Nueva ponente en SAC: La congresista Martha Moyano ha sido designada como nueva ponente en la SAC para estas denuncias, con un plazo teórico de 15 días hábiles para presentar su informe.
- Propuesta de contratación: El congresista Roberto Sánchez ha solicitado la contratación de Betssy Chávez como Asesora II en su despacho, proponiendo el 5 de septiembre como fecha de inicio.
- División de opiniones: Mientras el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechaza la contratación por incompatibilidad, expertos constitucionalistas como Erick Urbina y José Cevasco (ex oficial mayor) sostienen que es legal al no existir aún una inhabilitación.
Contexto del debate sobre el Congreso
- Infracción constitucional reconocida: Abogados de Pedro Castillo y diversos especialistas jurídicos coinciden en que el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 constituyó una clara infracción a la Constitución.
- Roles separados: Una cosa es el proceso penal que la Corte Suprema sigue contra Castillo y sus exministros (donde se discute el delito de rebelión), y otra muy distinta es la sanción política por infracción constitucional que debe imponer el Congreso.
- Plazo límite: Si no se aprueba una inhabilitación antes de diciembre de 2027, el plazo de cinco años para sancionar infracciones constitucionales expirará.
- Precedente de suspensión: En 2021, una polémica similar surgió con la intención de contratar al exlegislador Édgar Alarcón como asesor mientras estaba suspendido por un proceso penal; su contratación no se concretó tras un informe legal.
¿Cómo te afecta hoy?
- Confianza en las instituciones: La prolongada demora en aplicar sanciones políticas por un hecho de gravedad constitucional puede mermar la confianza ciudadana en la capacidad del Congreso para hacer cumplir la ley y sancionar actos contra la democracia.
- Futuras candidaturas: Si no se aprueba la inhabilitación antes de 2026, figuras como Pedro Castillo, Betssy Chávez o Roberto Sánchez podrían postular a cargos públicos en las próximas elecciones generales, incluyendo el Congreso.
- Uso de fondos públicos: La potencial contratación de una congresista suspendida y procesada penalmente como asesora, con un sueldo estimado de hasta S/11,000 líquidos mensuales, levanta interrogantes sobre la idoneidad y el uso de los recursos del Estado.
- Percepción de impunidad: La falta de una sanción política firme podría generar la percepción de que actos graves contra la Constitución quedan impunes a nivel legislativo.
Qué hacer ahora (checklist corto)
- Monitorear fuentes oficiales: Esté atento a los comunicados de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso respecto a las denuncias constitucionales.
- Informarse sobre plazos: Entender que el proceso puede extenderse más allá de los plazos teóricos, pero que hay una fecha límite (diciembre de 2027) para que las sanciones sean efectivas.
- Conocer a sus representantes: Siga las declaraciones y acciones de los congresistas y sus bancadas en relación con este caso, especialmente aquellos en la SAC.
Fechas y próximos hitos
- 15 días hábiles: Plazo teórico para que Martha Moyano presente su informe en la SAC.
- Próximas votaciones: Una vez aprobado en la SAC, las denuncias deberán pasar a la Comisión Permanente y, finalmente, al Pleno del Congreso para su votación final. No hay fechas definidas.
- Elecciones 2026: El calendario electoral se acerca, lo que, según analistas, podría influir en el rumbo de las votaciones en el Congreso.
- Diciembre de 2027: Fecha límite para que las inhabilitaciones políticas sean aprobadas y aplicadas antes de que expire el plazo legal.
Datos clave en una mirada
- 1005 días: Tiempo transcurrido sin sanción política por el intento de golpe.
- 2 denuncias: Las presentadas por los congresistas Muñante y Cavero, acumuladas en la SAC.
- 10 años: Plazo de inhabilitación política solicitado para Castillo, Chávez, Huerta y Sánchez.
- S/8,000 – S/10,000: Sueldo base estimado para un Asesor II en el Congreso.
- S/11,000: Sueldo mensual líquido estimado para un Asesor II con bonos.
- 5 años: Plazo máximo para sancionar una infracción constitucional (expira en diciembre de 2027).
Riesgos, oportunidades y escenarios
- Riesgo de impunidad política: La inacción prolongada podría conducir a la prescripción de la sanción política, permitiendo a los implicados presentarse a futuros comicios.
- Cálculo político: Expertos sugieren que el retraso responde a un cálculo político para evitar el choque con el "castillismo" de cara a las elecciones de 2026.
- Oportunidad de fortalecimiento institucional: La rápida y contundente actuación del Congreso para sancionar la infracción constitucional podría fortalecer la institucionalidad democrática.
- Escenario de retorno político: Si no hay inhabilitación, es probable ver a figuras como Pedro Castillo o Betssy Chávez en la lista de candidatos para el Congreso en 2026.
- Impacto en elecciones: La discusión sobre estas sanciones podría convertirse en un tema central de la campaña electoral.
Dudas rápidas (FAQ)
- ¿Puede Betssy Chávez ser contratada como asesora?
Según expertos constitucionalistas, sí. Aunque está suspendida como congresista y enfrenta un proceso penal, no ha sido inhabilitada políticamente para ejercer cargos públicos. El Congreso, como institución, aún no ha votado su inhabilitación. - ¿Por qué el Congreso ha demorado tanto en sancionar?
La demora se atribuye a la lenta tramitación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y, según analistas, a un posible cálculo político de algunos sectores para no afectar posibles alianzas o votos en el contexto electoral de 2026. - ¿Cuánto ganaría Betssy Chávez como asesora?
Se estima que, como Asesora II, su sueldo base estaría entre S/8,000 y S/10,000, pudiendo ascender a S/11,000 líquidos mensuales al incluir bonos y descuentos de ley.
Términos clave para entender
- Inhabilitación política: Sanción impuesta por el Congreso que impide a una persona ejercer cargos públicos por un periodo determinado (hasta 10 años).
- Suspensión de funciones: Medida temporal que aparta a un congresista de su cargo mientras dura un proceso (penal o constitucional), sin perder su condición de legislador.
- Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC): Órgano del Congreso encargado de investigar y proponer sanciones en casos de infracciones constitucionales.
- Acción de Amparo: Recurso legal que busca proteger derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por un acto de autoridad.
Conclusiones y perspectivas
La situación actual en el Congreso respecto a las sanciones por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo es un punto crítico para la salud institucional del país. La inacción prolongada no solo genera debate sobre la justicia, sino que también abre la puerta al posible retorno a la política de figuras implicadas. La propuesta de contratar a Betssy Chávez como asesora subraya esta tensión, evidenciando las complejidades legales y políticas en juego. Es crucial que la ciudadanía monitoree el avance de estas denuncias en la SAC, la Comisión Permanente y el Pleno, pues las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán la credibilidad del Congreso y el futuro del escenario político peruano.