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Congreso: ¿Inhabilitación pendiente por el golpe de Estado y el retorno de Betssy Chávez como asesora?
El Congreso de la República enfrenta una doble coyuntura: la prolongada demora en sancionar constitucionalmente el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo de 2022 y el reciente intento de contratar a la expremier Betssy Chávez como asesora parlamentaria, tras su excarcelación. Ambos temas ponen a prueba la institucionalidad y la voluntad política del Parlamento.
Lo nuevo, en breve
- La expremier Betssy Chávez, tras ser excarcelada, busca ser contratada como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez.
- El Primer Vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha adelantado que la institución no aceptará dicha contratación por presunta incompatibilidad.
- Sin embargo, expertos legales señalan que Chávez sí podría ser contratada al no estar inhabilitada, solo suspendida de su curul.
- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ha admitido las denuncias contra Pedro Castillo y otros implicados por el golpe, delegando recientemente el caso a la congresista Martha Moyano.
- Han pasado ya 1005 días desde el golpe sin que el Congreso imponga la sanción política de inhabilitación por infracción constitucional.
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El contexto del "golpe" y la inacción parlamentaria
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia, un acto ampliamente reconocido como una infracción a la Constitución. Expertos y hasta el propio abogado de Castillo han admitido la inconstitucionalidad de sus acciones, aunque discrepan sobre si configura un delito de rebelión a nivel penal.
Mientras la Corte Suprema define el proceso penal, el Congreso es el encargado de imponer una sanción política por la infracción constitucional, que podría ser una inhabilitación de hasta 10 años para cargos públicos. Sin embargo, casi tres años después, esta sanción aún no se concreta, lo que genera un vacío legal y un intenso debate sobre la responsabilidad parlamentaria.
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¿Cómo te afecta hoy?
La falta de una inhabilitación política para los implicados en el golpe tiene consecuencias directas e indirectas:
- Candidaturas 2026: Si no se aprueba la inhabilitación antes de diciembre de 2027 (plazo límite de 5 años para sancionar infracciones constitucionales), Pedro Castillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y otros podrían postular a cargos públicos, incluyendo el Congreso, en las próximas elecciones generales.
- Confianza institucional: La demora erosiona la confianza en la capacidad del Congreso para sancionar actos graves contra la democracia y la Constitución.
- Precedente: La inacción podría sentar un precedente sobre la impunidad de futuras infracciones constitucionales, afectando la estabilidad política del país.
- Recursos públicos: La potencial contratación de una figura como Betssy Chávez, investigada por el golpe, en un cargo público remunerado, genera interrogantes sobre el uso de los fondos del Estado.
Qué hacer ahora (checklist corto)
- Mantente informado: Sigue de cerca las decisiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y los debates en el Pleno del Congreso.
- Vigila la coyuntura electoral: Observa si figuras implicadas en el golpe anuncian candidaturas para las elecciones de 2026.
- Consulta fuentes oficiales: Revisa los comunicados del Congreso de la República para conocer los avances en las denuncias constitucionales.
Fechas y próximos hitos
- Septiembre 2025: Se espera el informe de la congresista Martha Moyano en la SAC sobre las denuncias constitucionales contra Castillo y otros (plazo teórico de 15 días hábiles).
- Próximos meses: Las denuncias constitucionales, una vez aprobadas en SAC, deben pasar a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso para su votación final. No hay fechas fijas aún.
- Elecciones 2026: El registro de candidatos se acerca, lo que intensifica el debate sobre la inhabilitación política.
- Diciembre 2027: Fecha límite para sancionar la infracción constitucional (5 años desde el golpe), de lo contrario, prescribiría.
Datos clave en una mirada
- 1005 días: Tiempo transcurrido sin sanción constitucional desde el golpe de Estado.
- 10 años: Plazo de inhabilitación política solicitado en las denuncias constitucionales.
- S/8,000 a S/11,000: Sueldo mensual estimado para el cargo de Asesor II en el Congreso (incluyendo bonos).
- 530+: Denuncias constitucionales en trámite en la SAC.
- 7 de diciembre de 2022: Fecha del fallido golpe de Estado.
Riesgos, oportunidades y escenarios
- Riesgo inmediato: La dilación en el Congreso podría ser interpretada como un cálculo político, especialmente ante la cercanía de las elecciones de 2026. Hay sectores que podrían buscar favorecer a los implicados para capitalizar votos "castillistas".
- Escenario probable (corto plazo): Las denuncias constitucionales seguirán un trámite lento en la SAC, y su llegada al Pleno podría coincidir con un periodo preelectoral, haciendo que la votación sea compleja y sujeta a pactos políticos.
- Escenario adverso (largo plazo): Si no se aprueba la inhabilitación, exfuncionarios implicados podrían volver a la política activa, debilitando la percepción de justicia y el respeto por el orden constitucional.
Dudas rápidas (FAQ)
¿Puede Betssy Chávez ser contratada como asesora en el Congreso?
Expertos legales como Erick Urbina y José Cevasco afirman que sí, porque está suspendida como congresista, pero no inhabilitada para ejercer otros cargos públicos. Sin embargo, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha señalado que no será aceptada por incompatibilidad de funciones, citando el Artículo 92 de la Constitución.
¿Por qué el Congreso demora tanto en sancionar la infracción constitucional?
La demora se atribuye a varios factores: la gran cantidad de denuncias en la SAC (más de 530), y principalmente a un supuesto "cálculo político" dentro del Congreso. Algunos congresistas podrían estar postergando la decisión para evitar un enfrentamiento con la base electoral de Pedro Castillo de cara a las elecciones de 2026.
¿Qué diferencia hay entre el proceso penal y la inhabilitación política?
El proceso penal, a cargo de la Corte Suprema, busca determinar si se cometió un delito (como rebelión) y aplicar una pena de prisión. La inhabilitación política, a cargo del Congreso mediante un juicio político, busca sancionar una infracción a la Constitución con la prohibición de ejercer cargos públicos por un tiempo determinado. Son procesos distintos e independientes.
Términos clave en lenguaje simple
- Inhabilitación política: Sanción que prohíbe a una persona ejercer cualquier cargo público por un periodo de tiempo determinado, impuesta por el Congreso tras un juicio político.
- Juicio político: Proceso que realiza el Congreso para sancionar a altos funcionarios del Estado por infracciones a la Constitución, resultando en destitución y/o inhabilitación.
- Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC): Órgano del Congreso encargado de investigar y proponer las acusaciones constitucionales contra funcionarios públicos.
Conclusiones y perspectivas
La situación actual del Congreso, con la demora en la inhabilitación y el debate sobre la contratación de Betssy Chávez, resalta la importancia de la voluntad política en la defensa de la institucionalidad. Lo que ocurre ahora no solo afecta a los directamente implicados, sino que tiene implicaciones para el futuro democrático del país y la credibilidad del Parlamento.
Es crucial vigilar el desarrollo de las denuncias en la SAC y cómo los diversos actores políticos abordarán estos temas en un año preelectoral, ya que las decisiones que se tomen, o se dejen de tomar, podrían tener un impacto significativo en el escenario político de 2026. Estemos atentos a las próximas votaciones en Comisión Permanente y Pleno, y las posturas de los líderes parlamentarios.