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Dina Boluarte: Entre la Defensa de su Vacancia y Días Clave en el Poder Judicial este 15 y 16 de Octubre de 2025
Tras el reciente fin de su gestión presidencial, Dina Boluarte se encuentra en el centro de una compleja batalla legal, con su defensa evaluando una acción de amparo contra su vacancia y el Poder Judicial programando dos audiencias cruciales esta semana por pedidos de impedimento de salida del país. Estos desarrollos no solo definirán el futuro inmediato de la exmandataria, sino que también subrayan la dinámica volátil de la política peruana y sus implicaciones para la estabilidad institucional.
La Vacancia Presidencial bajo Escrutinio Legal
El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, ha sido enfático al calificar la vacancia presidencial, aprobada por el Congreso el pasado 9 de octubre de 2025, como un proceso arbitrario e inconstitucional. Según Campos, se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria, principalmente el plazo razonable para ejercer una defensa adecuada. Se le otorgó un margen de tiempo sumamente limitado, apenas 56 minutos, para preparar su descargo, un hecho que contrasta marcadamente con los tiempos concedidos a expresidentes como Martín Vizcarra o Pedro Pablo Kuczynski en procesos de vacancia similares.
Frente a esta situación, la defensa de Boluarte ha propuesto la interposición de una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Esta estrategia legal busca invalidar la decisión del Congreso, argumentando que una “vacancia exprés” que no respeta las garantías mínimas procesales constituye una interrupción democrática, incluso comparable a un “golpe de Estado” en el contexto de un Estado constitucional. Campos recordó que el Perú ha sido condenado en el ámbito internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos donde no se respetaron los plazos y el debido proceso. La decisión final sobre si presentar o no este recurso recae en la propia Dina Boluarte.
Desde una perspectiva contable y empresarial, la constante inestabilidad política y la sucesión de vacancias o mociones contra presidentes generan un costo intangible pero real. Cada proceso de esta naturaleza implica una “prima de riesgo político” que los mercados y los inversionistas internalizan, afectando la percepción de estabilidad del país. Esta “revisión de inventario” constante en la cúpula del poder desvía recursos y energía de la gestión pública hacia la defensa legal y la confrontación política, impactando negativamente la capacidad de ejecución de políticas a largo plazo y la atracción de capitales productivos.
Días Clave en el Poder Judicial: 15 y 16 de Octubre
Mientras la defensa evalúa la acción de amparo, Dina Boluarte enfrenta una agenda judicial inmediata y de alto perfil. El Poder Judicial tiene programado evaluar dos solicitudes de impedimento de salida del país en su contra:
- Miércoles 15 de octubre de 2025 (9:00 a.m.): Se revisará un pedido de impedimento de salida por 36 meses, vinculado al caso conocido como ‘Los Dinámicos del Centro’. En este expediente, a la exmandataria se le investiga por el presunto delito de lavado de activos. El abogado Juan Carlos Portugal ha confirmado que Dina Boluarte no asistirá a esta audiencia.
- Jueves 16 de octubre de 2025: Al día siguiente, se abordará una solicitud de impedimento de salida por 18 meses. Este pedido está relacionado con los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. Las acusaciones giran en torno a supuestas cirugías estéticas a las que se habría sometido sin el debido trámite parlamentario y, presuntamente, a cambio de favores al médico implicado.
Para el ciudadano común, estas audiencias son cruciales porque ponen a prueba la independencia del sistema judicial y la rendición de cuentas de las figuras públicas. La transparencia en estos procesos contribuye a la confianza en las instituciones.
Opinión Contable/Empresarial: Costos Ocultos y la Liquidez de la Confianza
La concatenación de procesos de vacancia y extensos litigios de alto perfil, como los que ahora enfrenta Dina Boluarte, revela un patrón recurrente de “costos operativos” significativos para el Estado. Más allá de los honorarios legales, se genera un drenaje constante de recursos públicos en el aparato fiscal y judicial, que deben dedicarse a estas investigaciones en lugar de a proyectos de desarrollo o servicios esenciales.
Desde una perspectiva de “gestión de riesgos” para la nación, la prolongada incertidumbre judicial y política no solo frena la inversión, sino que también consume la “liquidez de la confianza” ciudadana y empresarial. Cuando la atención se centra en batallas legales y disputas de poder, la capacidad de planificar a mediano y largo plazo se erosiona, impactando directamente en la “rentabilidad” social de las políticas públicas y en la “valoración de mercado” del país ante los ojos del mundo. La repetición de estas situaciones sugiere la necesidad de revisar los “incentivos” y marcos institucionales para asegurar una estabilidad que, a fin de cuentas, beneficia a todos.
El desenlace de estos eventos judiciales y la decisión de Dina Boluarte sobre su defensa legal marcarán un nuevo capítulo en la historia política reciente del Perú, con repercusiones que van más allá de los tribunales.