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JNE y la ruta a Elecciones 2026: La seguridad del voto, a debate (15 de octubre de 2025)
Hace casi un año, en un momento clave de la preparación electoral, los líderes de las principales instituciones electorales del país se reunieron en Palacio de Gobierno para trazar una hoja de ruta hacia unas Elecciones Generales 2026 seguras y transparentes. Este diálogo, convocado por el entonces Presidente José Jerí, sigue siendo fundamental para la confianza ciudadana y la integridad del proceso electoral que se avecina.
Un encuentro clave para la democracia
El domingo 19 de octubre del año pasado, el Presidente José Jerí convocó a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a una reunión de alto nivel. El objetivo principal: establecer las garantías necesarias para que las Elecciones Generales de 2026 se desarrollen en un ambiente de total seguridad y transparencia.
Esta invitación surgió a raíz de una solicitud pública de Carmen Velarde, jefa del Reniec, quien había expresado la necesidad de que el Poder Ejecutivo asegurara un entorno seguro tanto para la población votante como para los organismos electorales. En sus declaraciones a RPP, Velarde enfatizó que la seguridad va más allá de combatir la delincuencia común; implica garantizar que las entidades trabajen de manera impecable, “sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de delincuencia, ni interna ni externa“. Una visión que resuena profundamente en la necesidad de consolidar la credibilidad de nuestro sistema.
Elecciones 2026: Las cifras y el padrón electoral
Con las Elecciones Generales 2026 programadas para el 12 de abril, en las que los peruanos elegirán a su próximo presidente, vicepresidente y a los miembros de un Congreso bicameral, el trabajo coordinado de estas instituciones es vital.
Uno de los hitos iniciales de este proceso fue el cierre del padrón electoral, realizado el 14 de octubre del año pasado por Reniec. Este documento es la lista oficial de ciudadanos habilitados para votar. Según las proyecciones del padrón, se estima que más de 27.3 millones de peruanos estarán aptos para sufragar, incluyendo a cerca de 2.5 millones de nuevos votantes. Las cifras definitivas de este padrón, que ya fueron validadas por el JNE en noviembre del año pasado, son la base sobre la que se construye todo el proceso. El Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia de Roberto Burneo, juega un papel crucial en la fiscalización y la resolución de controversias, asegurando la equidad y legalidad.
La visión contable: Invertir en confianza es rentabilidad a largo plazo
Desde una perspectiva empresarial y contable, la seguridad y transparencia de un proceso electoral no son meros ideales democráticos; son, de hecho, una inversión estratégica con retornos tangibles.
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Costos de la Inseguridad: La percepción de un proceso electoral inseguro o corrupto genera “costos invisibles” y muy elevados. Esto se traduce en desconfianza ciudadana, polarización, y un aumento en el riesgo político del país. Para los inversionistas, un entorno inestable equivale a una mayor prima de riesgo, lo que encarece el capital y desincentiva la inversión extranjera directa, impactando directamente la liquidez y el crecimiento económico. La falta de seguridad electoral es, por ende, un pasivo no declarado de gran magnitud.
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Eficiencia y Gestión de Recursos: Los organismos electorales como JNE, ONPE y Reniec manejan presupuestos públicos significativos. La eficiencia en la asignación de estos recursos para la seguridad física, la infraestructura tecnológica (especialmente frente a ciberataques), la capacitación de personal y la logística de votación, es fundamental. Cualquier falla en estos “controles internos” puede llevar a costos adicionales por impugnaciones, repeticiones de procesos o, peor aún, la pérdida de legitimidad, afectando los “márgenes de confianza” social y política.
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Incentivos y Gobernanza: La garantía de elecciones limpias incentiva la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En un mercado, los “incentivos correctos” impulsan el buen comportamiento. En la política, la transparencia electoral es el mayor incentivo para que los actores políticos compitan lealmente y respeten los resultados. Para las empresas, un JNE robusto e imparcial es un “garante de contrato” político, que asegura un marco institucional más predecible y reduce los “costos de transacción” asociados a la incertidumbre.
En resumen, la inversión en seguridad y transparencia electoral no es un gasto, sino una prima de seguro que protege la “marca país” y garantiza un futuro más estable, un activo invaluable que impacta positivamente el clima de negocios y la sostenibilidad económica a largo plazo.
¿Qué significa esto para el ciudadano hoy?
La reunión del 19 de octubre del año pasado fue un mensaje claro: las autoridades están comprometidas con un proceso electoral íntegro. Para el ciudadano, esto se traduce en la tranquilidad de que su voto será respetado y que el JNE, ONPE y Reniec están trabajando para salvaguardar la “libre expresión ciudadana” en 2026.
Es crucial mantenerse informado sobre los comunicados y disposiciones de estas entidades, especialmente en lo que respecta a futuros procesos de actualización del padrón electoral o cualquier detalle relevante para ejercer el derecho al voto. La transparencia de las elecciones es un derecho, y la vigilancia ciudadana es una pieza más en este engranaje democrático.