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JNJ y Delia Espinoza: El choque por el poder judicial en la Fiscalía
El 15 de octubre de 2025, Delia Espinoza Valenzuela retomará sus funciones como Fiscal de la Nación y cabeza del Ministerio Público (MP), tras permanecer cerca de un mes fuera del cargo. Esta reposición se da por una medida cautelar del Poder Judicial que suspende la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de apartarla temporalmente. Aunque la JNJ, presidida por Gino Ríos, acatará la disposición en el plazo de cinco días, ya ha adelantado que apelará la medida, manteniendo así la incertidumbre sobre la estabilidad institucional de la Fiscalía.
La situación actual no solo impacta directamente en la dirección de una de las entidades más cruciales del país, sino que también genera importantes reflexiones sobre la coherencia y la predictibilidad en la administración de justicia. Para el ciudadano de a pie, la continuidad y la independencia del Ministerio Público son pilares fundamentales que garantizan el adecuado funcionamiento del sistema legal y la lucha contra la criminalidad.
El Regreso en Detalle: Una Medida Cautelar Clave
La medida cautelar que permite el retorno de Delia Espinoza fue dictada por el juez Juan Fidel Torres Tasso del Noveno Juzgado Constitucional de Lima. El magistrado consideró que la JNJ, al ordenar la reposición de Patricia Benavides en junio de 2025 (acción que Espinoza se negó a ejecutar, derivando en su suspensión), incurrió en inconsistencias.
Según el fallo, la Resolución Nro. 231-2025-JNJ que anulaba la destitución de Benavides carecía de “coherencia y congruencia”. Torres Tasso explicó que la Ley de Procedimientos Administrativos exige unanimidad de los miembros de un órgano colegiado para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo, prohibiendo las abstenciones. Sin embargo, la resolución de la JNJ a favor de Benavides fue suscrita únicamente por su presidente, Gino Ríos, lo cual contravendría la normativa.
Adicionalmente, el juez determinó que la JNJ no evaluó adecuadamente el impacto de su resolución en la situación de Delia Espinoza, quien ya había sido legítimamente elegida como Fiscal de la Nación para el período 2024-2027. La omisión de considerar esta situación de excepción afectó directamente los derechos fundamentales de Espinoza. Por ello, la medida cautelar no solo ordena su reposición, sino que también suspende provisionalmente el proceso administrativo disciplinario que la JNJ había iniciado en su contra por no ejecutar la mencionada resolución a favor de Benavides.
La Posición de la JNJ y la Ruta Legal Futura
El presidente de la JNJ, Gino Ríos, ha sido claro: su institución cumplirá con la medida cautelar dictada por el Poder Judicial. Sin embargo, también ha anunciado que apelarán la decisión ante una instancia superior. Es crucial destacar que, al tratarse de una medida cautelar, la apelación de la JNJ no tendrá “efecto suspensivo“. Esto significa que la reposición de Delia Espinoza será efectiva mientras el recurso de apelación se tramita y se resuelve en segunda instancia.
Ríos defendió la resolución original de la JNJ a favor de Patricia Benavides, afirmando que era constitucional y que una nulidad retrotrae las cosas al estado anterior al vicio, es decir, cuando Benavides era fiscal suprema y Fiscal de la Nación. No obstante, el debate sobre la forma en que se ejecutó esa nulidad es el punto central de la controversia judicial.
La batalla legal aún no concluye. La medida cautelar es temporal; el juez Torres Tasso aún debe resolver el fondo de la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, lo que podría implicar una sentencia definitiva sobre la legalidad de las actuaciones de la JNJ.
Un Ministerio Público Fracturado: Consecuencias Internas
El retorno de Delia Espinoza ocurre en un contexto de evidente fractura interna dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Durante su mes de suspensión, se hicieron patentes las diferencias y tensiones entre Espinoza y sus colegas. Tomás Gálvez, quien asumió como Fiscal de la Nación interino, criticó duramente a Espinoza, mientras que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaron asumir el interinato, lo que Espinoza calificó de “debilidad”.
Al regresar, Espinoza ha manifestado su intención de “ordenar la casa” en el Ministerio Público, cuestionando los cambios realizados por Gálvez durante su interinato, especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF). Esta declaración sugiere posibles nuevos movimientos y reestructuraciones internas, añadiendo otra capa de tensión al ya complejo escenario.
Mirada Empresarial: Los Costos Ocultos de la Inestabilidad Judicial
Desde una perspectiva contable y empresarial, la situación en el Ministerio Público representa un claro ejemplo de los costos intangibles y los desafíos de gobernanza que puede enfrentar una institución clave. Más allá de los gastos directos en litigios y asesorías legales, esta inestabilidad genera un profundo impacto en la liquidez organizacional —la capacidad de la institución para funcionar de manera fluida, predecible y eficiente— y en su reputación.
Los constantes cambios de liderazgo, las batallas judiciales y las divisiones internas desvían la atención y los recursos humanos de las funciones esenciales del MP, como la investigación y persecución del delito. Esto conlleva a un costo de oportunidad significativo, ya que el tiempo y el esfuerzo dedicados a disputas administrativas y judiciales no se invierten en mejorar la calidad de la justicia. La percepción pública de la institución se ve dañada, minando la confianza ciudadana, un activo invaluable para cualquier entidad pública. La falta de un liderazgo estable y unificado afecta la toma de decisiones estratégicas, reduce la efectividad operativa y puede paralizar iniciativas importantes, impactando negativamente en la capacidad del Estado para cumplir con su mandato. En cualquier organización, la claridad en la línea de mando y la cohesión interna son fundamentales para el éxito; su ausencia aquí es un lastre considerable.
¿Qué Implica Esto para el Ciudadano?
Para el ciudadano, esta coyuntura significa una prolongación de la incertidumbre en la administración de justicia. Un Ministerio Público inestable y dividido puede repercutir en la celeridad y la eficacia de las investigaciones, así como en la percepción de imparcialidad. La esperanza es que, a pesar de las tensiones internas y las apelaciones pendientes, el trabajo esencial de la fiscalía no se detenga y se mantenga el compromiso con la justicia.
La JNJ, como órgano encargado de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales, y el Poder Judicial, en su rol de garante de los derechos, tienen la responsabilidad de restaurar la confianza y la predictibilidad en el sistema. La resolución de fondo del amparo será crucial para definir el futuro a largo plazo de la Fiscalía de la Nación y la estabilidad de sus altas esferas.