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Gobierno peruano enfrenta crisis del transporte y lanza nueva ley de inversiones: Lo que debes saber el 2 de octubre de 2025
Gobierno frente a la Crisis y la Inversión: Claves del 2 de octubre de 2025
El Gobierno peruano se ha mantenido en una doble jornada este jueves 2 de octubre de 2025: buscando la calma en las calles ante un paro de transportistas y sentando las bases para acelerar la inversión pública mediante una nueva ley. Estas acciones impactan directamente la seguridad ciudadana y las oportunidades económicas del día a día.
Seguridad en el Transporte: El Gobierno Evalúa la Declaratoria de Emergencia
La presidenta Dina Boluarte se pronunció en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025, en un contexto marcado por un paro de un sector de transportistas. La jefa de Estado hizo un llamado a la manifestación pacífica, subrayando que “el derecho a la protesta no es el derecho a la violencia” y que un paro de 24 o 48 horas no resolverá la compleja problemática de la delincuencia y el crimen organizado.
Una de las medidas más relevantes anunciadas por el Gobierno es la evaluación para declarar en estado de emergencia el medio de transporte. Esta iniciativa, explicó la mandataria, permitiría la compra e instalación directa de cámaras de seguridad y una mayor presencia policial en las unidades, buscando proteger tanto a los transportistas como a los ciudadanos. Según la presidenta, el proceso de adquisición de estas cámaras se ha “caído más de una vez” en convocatorias anteriores, y la declaratoria de emergencia facilitaría una compra más expedita.
En su llamado a deponer la medida de fuerza, Boluarte instó a los transportistas a “conversar de manera directa” para llegar a “cosas concretas”. Recalcó el perjuicio económico que representa el paro para el propio gremio, al dejar de generar ingresos, y para los ciudadanos que dependen del transporte para llegar a sus trabajos. La presidenta también recordó que la situación del alza del combustible, un problema histórico para el sector, ya no es el factor desestabilizador que fue en años anteriores, un punto que considera un esfuerzo valorable del Gobierno.
La Mirada Contable/Empresarial sobre el Paro:
Desde una óptica estrictamente empresarial, un paro de transportistas genera lo que se conoce como “costos hundidos” irrecuperables para los operadores del servicio, impactando directamente su liquidez diaria y su margen de operación. Además, para la economía en general, representa un costo de oportunidad masivo en términos de productividad y circulación de bienes y servicios. La agilización en la compra de cámaras, si bien crucial para la seguridad, debe ser gestionada con transparencia para asegurar una buena relación costo-beneficio y evitar sobrecostos futuros que puedan derivar en una carga fiscal.
Nueva Ley 32460: Impulso a la Inversión Pública con Participación Privada
Paralelamente a la gestión de la crisis en el transporte, el Gobierno publicó este jueves 2 de octubre la Ley 32460. Esta normativa introduce cambios significativos en la forma en que se impulsa la inversión pública a nivel regional y local, fomentando activamente la participación del sector privado. El objetivo central de esta ley es optimizar y agilizar el desarrollo de las Obras por Impuestos (OxI).
La Ley 32460 no solo autoriza a las entidades públicas a ejecutar una amplia gama de proyectos de inversión —incluyendo optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición—, sino que también les permite desarrollar actividades de operación o mantenimiento de estas inversiones, acorde con sus competencias.
Para viabilizar esta modalidad, la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) queda autorizada a emitir los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN). Estos certificados están diseñados para cancelar el monto que una empresa privada invierta o ejecute en estos proyectos, sin que esto constituya una operación oficial de crédito.
Además, la nueva ley modifica las disposiciones de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Una novedad importante es que las empresas privadas podrán utilizar los CIPRL hasta por un porcentaje máximo del 80% de sus pagos a cuenta, de regularización, de deuda u otras obligaciones tributarias. Esta medida abarca una serie de impuestos clave: el impuesto a la renta de tercera categoría, el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto a la renta de régimen especial, el impuesto a la renta del régimen MYPE tributario, el impuesto especial a la minería, el impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC).
Los recursos que financiarán estos CIPRL provienen de fuentes específicas, como el canon o sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que reciban los gobiernos regionales, gobiernos locales o universidades públicas. También se incluyen recursos ordinarios destinados a la ejecución de proyectos de inversión bajo la responsabilidad de estas entidades.
La Mirada Contable/Empresarial sobre la Ley 32460:
Desde una perspectiva empresarial, la Ley 32460 representa un claro incentivo para la participación del sector privado en proyectos de infraestructura. Al permitir el uso de los CIPRL hasta el 80% para la cancelación de diversos tributos, se mejora sustancialmente la liquidez de las empresas y su planificación fiscal, transformando una obligación tributaria en una oportunidad de inversión. Esto puede reducir los “costos de transacción” y los “tiempos muertos” asociados a la burocracia estatal, mejorando la eficiencia en la ejecución de proyectos y, consecuentemente, los márgenes de rentabilidad social al acelerar el desarrollo de infraestructuras críticas.
En resumen, el Gobierno peruano, bajo la dirección de Dina Boluarte, aborda simultáneamente desafíos inmediatos de seguridad ciudadana y descontento social, mientras implementa reformas estructurales que buscan dinamizar la inversión y el desarrollo a mediano y largo plazo. La gestión de estas dos caras de la política pública definirá gran parte de su agenda en los próximos meses.