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Gobierno del Perú: Transformación Diplomática y el Urgente Desafío Fiscal al 22 de Octubre de 2025
Relevos en la Diplomacia y el Urgente Desafío Fiscal del Gobierno al 22 de octubre de 2025
El Gobierno del presidente José Jerí ha concretado una serie de cambios en su representación diplomática clave, con la remoción de varios embajadores y representantes, mientras la nueva titular de Economía, Denisse Miralles, se enfrenta al persistente reto de reducir el déficit fiscal. Estos movimientos señalan una reconfiguración política y una presión creciente sobre las finanzas públicas que impactan la estabilidad y la imagen del país ante el mundo.
En un contexto de reajuste político y económico, el Gobierno de José Jerí ha movido fichas importantes en la escena internacional y en la gestión de las cuentas nacionales. Las decisiones, formalizadas en resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano, marcan una clara intención de alinear la diplomacia con la visión actual de la administración, al tiempo que ponen a prueba la capacidad de respuesta fiscal del Estado.
Nuevas Caras para la Diplomacia Peruana
El pasado miércoles, el Gobierno dio por terminadas las funciones de figuras destacadas en la representación peruana en el extranjero. Uno de los cambios más resonantes es el del exembajador Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco, quien se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Estados Unidos desde febrero de 2024. Las resoluciones correspondientes cancelan sus Cartas Credenciales y Plenos Poderes, dejando en suspenso una representación estratégica en un momento crucial de las relaciones bilaterales, especialmente con la mirada puesta en las expectativas que se generaron en torno a un posible segundo mandato de Donald Trump, donde Perú se perfilaba como un “hub portuario” y socio estratégico.
La medida no se limita a Washington. También se confirmó la salida del expremier Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cargo que asumió en julio tras su reemplazo en la Presidencia del Consejo de Ministros. Otros diplomáticos que finalizaron sus funciones incluyen a José Luis Sardón de Taboada, representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Luis Chuquihuara, representante ante organismos internacionales con sede en Suiza; Carlos Hakansson, embajador en Costa Rica; y Javier Manuel Paulinich, embajador en India, Sri Lanka, Nueva Delhi, Bangladesh y Maldivas.
Es notable el caso de Luis Iberico, excongresista de Alianza para el Progreso, quien si bien fue cesado de su cargo como embajador en España y Andorra, una resolución posterior lo volvió a designar exclusivamente para el Reino de España. Estas acciones, firmadas por el presidente Jerí y el canciller Hugo de Zela, reflejan un intento por renovar el cuerpo diplomático con figuras afines a la actual administración, muchos de los cuales fueron nombrados durante la gestión anterior de Dina Boluarte.
La Batalla por el Déficit Fiscal: Una Cuenta Pendiente
Paralelamente a los ajustes diplomáticos, el Gobierno se enfrenta a una de sus pruebas más contundentes en el frente económico: la persistencia del déficit fiscal. Según datos preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) al cierre de septiembre de 2025, la brecha entre los gastos y los ingresos del Estado se mantuvo en un 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Este porcentaje supera el límite del 2,2% del PBI fijado por la regla fiscal para este año, lo que, de no corregirse antes de fin de año, representaría el tercer incumplimiento consecutivo.
El desafío recae directamente sobre los hombros de la flamante ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien asumió el cargo en el gabinete de José Jerí. Su principal misión es cerrar la brecha fiscal, una tarea que se vuelve aún más apremiante si consideramos que para 2026 el tope de la regla fiscal se reducirá a un aún más estricto 1,8% del PBI.
Durante septiembre, el sector público no financiero —que engloba al Gobierno Central, regiones y municipalidades— registró un déficit mensual de S/3.510 millones, superando el del mismo mes del año anterior. Esta situación se explica principalmente por una caída del 3,7% en los ingresos corrientes, que provienen de impuestos, regalías y utilidades de empresas públicas. La ausencia de la transferencia de utilidades de Fonafe, que en 2024 aportó S/1.308 millones, y los menores ingresos por regalías mineras, petroleras y gasíferas debido a una menor actividad extractiva, han sido factores clave en esta disminución.
A pesar de este panorama, los ingresos tributarios mostraron un desempeño más favorable, impulsados por una mayor recaudación del Impuesto a la Renta de empresas nacionales, el IGV interno y un aumento en las multas y detracciones administradas por la Sunat.
En cuanto al gasto, el gasto no financiero del Gobierno experimentó una reducción del 13,6% respecto a 2024. Esto se debe, en parte, a que en septiembre del año pasado el Estado realizó una importante capitalización de Petroperú, operación que no se ha repetido este año. Sin embargo, esta reducción se vio parcialmente compensada por el pago de garantías estatales vinculadas a préstamos del Banco de la Nación a la misma empresa. Por otro lado, el gasto corriente, que incluye salarios y bienes y servicios, mostró un aumento en todos sus componentes, al igual que la inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales gracias a una mayor ejecución de proyectos de infraestructura.
Entre enero y septiembre, el déficit acumulado del año ascendió a S/10.451 millones, una mejora respecto a los S/20.896 millones del mismo periodo de 2024, atribuible a un incremento del 12,4% en los ingresos estatales. No obstante, el gasto no financiero también creció un 4,6%, y los pagos por deuda pública subieron un 7,1%.
Una Mirada Contable/Empresarial
Desde una perspectiva de gestión empresarial, los recientes cambios en la diplomacia, aunque necesarios para alinear la política exterior, implican costos de transición y pueden generar cierta incertidumbre en la percepción internacional si no se comunican y gestionan con claridad. El envío de nuevos embajadores no es gratuito, implicando gastos de traslado, instalación y una curva de aprendizaje que, si bien es parte del ciclo diplomático, no deja de impactar el presupuesto.
Por otro lado, la situación del déficit fiscal es una alerta roja para la “salud financiera” del país. Mantener un desbalance del 2,4% del PBI significa que el “negocio” estatal está gastando más de lo que ingresa, afectando su liquidez a largo plazo y la capacidad para invertir o afrontar imprevistos sin recurrir a un mayor endeudamiento. El incumplimiento de la regla fiscal por tercer año consecutivo erosionaría la confianza de los mercados y las agencias calificadoras, lo que podría traducirse en mayores costos de financiamiento para el país, elevando la “tasa de interés” de su deuda pública. La ministra Miralles tiene el desafío de una CEO que debe ajustar los márgenes de la empresa (el Estado), buscando eficiencia en el gasto y optimizando los ingresos, con los incentivos de las reglas fiscales como una guía, pero con la presión del tiempo en contra. La sostenibilidad fiscal no es solo un indicador macroeconómico; es un factor determinante para la estabilidad económica y la calidad de vida diaria de los ciudadanos.
En resumen, el Gobierno de José Jerí se encuentra en una doble encrucijada: consolidar una política exterior alineada a su visión y, simultáneamente, estabilizar las finanzas públicas para garantizar un futuro económico más predecible. La gestión de estos desafíos definirá su legado y la trayectoria del país en los próximos años.