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Nicolás Maduro y la solicitud de retirar la nacionalidad a Leopoldo López: ¿Un precedente legal o un costo incalculable?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al opositor Leopoldo López. Esta medida, sin precedentes para un venezolano de nacimiento, se argumenta sobre acusaciones de “llamado a la invasión militar” y “promoción del bloqueo económico”, generando un intenso debate legal y político sobre las implicaciones de tal acción en el futuro del país y sus ciudadanos.
En un movimiento que ha escalado la tensión política en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para despojar de su nacionalidad a Leopoldo López, una figura central de la oposición exiliada en España. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la solicitud se basa en lo que calificó como un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar” del país, además de la supuesta “promoción permanente del bloqueo económico” y la incitación a “asesinar masivamente a los venezolanos”.
La controversia surge tras las declaraciones de López, quien afirmó que la negociación política no es suficiente para lograr un cambio en Venezuela y que la solución radica en la “presión” de Estados Unidos, incluso avalando una intervención militar en territorio venezolano. Estas palabras coinciden con un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que Caracas denuncia como una amenaza directa a su soberanía.
El laberinto constitucional: entre el deber y el derecho
La solicitud de Maduro ha puesto el foco en la Constitución venezolana, generando un choque entre dos de sus artículos fundamentales. Por un lado, el Artículo 130 establece que los venezolanos tienen el deber de “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”. El gobierno también cita la reciente ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar‘, que impone sanciones a quienes promuevan o estén implicados en sanciones extranjeras.
Sin embargo, el Artículo 35 de la misma Constitución es categórico al afirmar que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad“, y que esta “solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley” en casos específicos no relacionados con la nacionalidad de origen. Expertos como Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, han señalado que la ley venezolana no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un ciudadano por nacimiento, reservando esta facultad únicamente para los naturalizados y bajo condiciones muy específicas.
El gobierno venezolano, a través de la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ha anunciado que procederá “de inmediato” a la anulación del pasaporte de López, una medida que podría tener consecuencias prácticas para su movilidad y estatus legal internacional. La situación recuerda el retiro de nacionalidad a cientos de opositores en Nicaragua, un aliado del gobierno de Maduro, lo que genera preocupación sobre el precedente sin retorno que podría sentarse.
¿Qué implica esto para el día a día?
Más allá de la alta política, estas acciones tienen una resonancia directa en el tejido social y económico. Para la ciudadanía, la idea de que la nacionalidad de nacimiento pueda ser revocada, incluso si la Constitución lo prohíbe, introduce una capa de incertidumbre legal. Si el TSJ fallara a favor de la solicitud de Maduro, se crearía un precedente que podría ser utilizado contra otros opositores o ciudadanos percibidos como desleales al Estado, afectando la seguridad jurídica.
En el corto plazo, la anulación del pasaporte de Leopoldo López impacta su capacidad de viajar y su identidad legal. Aunque él está exiliado en España, la acción busca deslegitimar su figura y sus actividades desde el exterior.
Una mirada contable/empresarial: los costos ocultos de la inestabilidad
Desde una perspectiva contable y empresarial, acciones como la solicitud de retirar la nacionalidad a un opositor, o la anulación expedita de un pasaporte, aunque aparentemente dirigidas a un individuo, tienen costos tangibles e intangibles para el país.
El costo directo de los procesos legales puede ser mínimo en términos monetarios, pero el costo reputacional es considerable. Este tipo de medidas aumenta la percepción de riesgo político para inversores extranjeros y locales. Una nación donde los derechos ciudadanos fundamentales, como la nacionalidad, son objeto de disputa judicial y política, genera inestabilidad. Esto se traduce en:
- Mayor costo de capital: Para el Estado y para las empresas, la obtención de financiamiento en mercados internacionales se encarece debido a la percepción de mayor riesgo país.
- Fuga de capitales y cerebros: La incertidumbre legal y la polarización política extrema incentivan la salida de capitales y de talento humano, afectando la liquidez disponible para la inversión productiva y el desarrollo de nuevas empresas.
- Deterioro del clima de negocios: Las empresas prosperan en ambientes predecibles. La arbitrariedad jurídica o la reinterpretación de la Constitución erosionan la confianza, afectando los márgenes de beneficio al aumentar los costos operativos asociados a la gestión del riesgo y la falta de planificación a largo plazo.
- Desincentivos a la inversión: ¿Qué incentivo tiene una empresa para invertir y generar empleo si las reglas del juego pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana o si sus ejecutivos o empleados pueden ser objeto de acciones legales controversiales?
En resumen, aunque el gobierno pueda percibir estas acciones como un refuerzo de su autoridad, desde una óptica empresarial, representan un aumento de los costos sistémicos y una disminución de la confianza, elementos cruciales para cualquier economía que busque estabilidad y crecimiento a largo plazo. La búsqueda de soluciones políticas consensuadas y el respeto a la seguridad jurídica son pilares fundamentales para atraer inversión y garantizar un entorno favorable para el desarrollo económico del país.
La solicitud de Nicolás Maduro ante el TSJ abre un capítulo incierto en la ya compleja historia política de Venezuela. La decisión que tome el Tribunal no solo definirá el destino de Leopoldo López, sino que también podría sentar un precedente trascendental sobre los límites del poder estatal y la inviolabilidad de los derechos ciudadanos en la nación suramericana.